Por Carlos Hartig.
Lo que inició como una movilización bajo la bandera de la «paz» terminó en un asalto visual y material contra el patrimonio histórico de los nayaritas. Integrantes del Colectivo Feminista de Nayarit convirtieron el Centro Histórico en un lienzo de vandalismo, arremetiendo directamente contra la fachada del Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo, dejando a su paso una estela de daños que ha encendido el descontento ciudadano y la exigencia de justicia por el agravio a los símbolos del estado.
El ataque no se limitó a las paredes de la casa de gobierno. La furia del grupo alcanzó las icónicas letras turísticas de Tepic y el obelisco de la Plaza Bicentenario, monumentos que representan la identidad y la historia de la entidad. Con consignas cargadas de hostilidad hacia el género masculino y un abierto repudio a las instituciones, las manifestantes pintaron frases que ahora desfiguran el entorno urbano, ignorando que el respeto a la infraestructura pública es base fundamental de la convivencia democrática.
Este acto vandálico representa un golpe directo a la investidura de los Poderes del Estado. Mientras el Poder Legislativo y el Judicial trabajan en los marcos normativos para la protección de la ciudadanía, estos grupos optan por el camino de la destrucción material como método de presión. La ciudadanía, a través de redes sociales, ha manifestado su rotundo rechazo, señalando que la exigencia de derechos no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar el desmantelamiento de la imagen de la capital y el daño al erario público que implicará su restauración.
La marcha, que posteriormente se enfiló hacia el monumento a la Hermana Agua, dejó un sabor amargo entre los habitantes de Tepic, quienes presenciaron cómo la protesta social se desvirtúa cuando el vandalismo sustituye al diálogo. Los internautas y sectores de la sociedad civil han sido enfáticos: las autoridades deben «tomar cartas en el asunto» y aplicar la ley con rigor. El derecho a la libre manifestación termina donde comienza la afectación a terceros y la degradación del patrimonio estatal.
Ante el silencio de los muros grafiteados, queda la urgencia de que el Estado garantice el orden y no permita que el patrimonio histórico sea rehén de actos que, lejos de sumar a una causa, restan legitimidad a través de la violencia gráfica. La sociedad nayarita espera una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes para que estos destrozos no queden en la impunidad y se respete la integridad de los espacios que pertenecen a todos.
